Desde ayer el deporte olímpico tiene asegurada por ley una nueva forma de conseguir ingresos para financiarse durante los próximos años. Finalmente ayer se publicó en el Boletín Oficial la tan esperada reglamentación de la polémica ley 26.573, aprobada en el Senado el pasado 2 de diciembre, que grava con un impuesto del 1% al consumo de telefonía celular. La medida, que las empresas todavía no saben a partir de cuándo la aplicarán, vino con una precisión: impactará sobre aquellos que tienen abono fijo. Lo insólito es que el Gobierno reglamentó sólo 3 de los 41 artículos que conforman la flamante ley: los dos primeros, que le dan vigencia a la norma, y el 39º, en el que se aclara que las “empresas deberán girar mensualmente a la cuenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), en el Banco Nación”. La normativa ideada por el dueño de Telecom y presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, gravará a los 16 millones de usuarios. Las cuatro operadoras de celulares en el país (Movistar, Personal, Nextel y Claro) aún están analizando cuándo implementarán la medida. Según pudo averiguar Crítica de la Argentina, los abogados de esas firmas discutían anoche cuándo y cómo comunicarles “la noticia” a sus clientes. En la industria calcularon que este año se recaudarán alrededor de 65 millones de pesos. Con las donaciones de privados al COA la cifra puede ascender a unos 200 millones de pesos. El impuesto recaerá sólo en quienes reciben factura. En el sector estimaron que el aporte promedio será de cuarenta centavos ($ 0,40) por cada factura de los 16 millones de usuarios que usan servicios postpagos. El cálculo se hizo en base al consumo promedio, que es de 40 pesos por mes. Según datos del mercado, hay 46,5 millones de líneas habilitadas en el país, pero sólo el 35% (16 millones) paga un abono; el resto consume tarjetas prepagas. Las entidades que defienden a los consumidores desmintieron las estimaciones de las empresas y elevaron el nivel de consumo promedio mensual de comunicaciones móviles a 60 pesos. A pesar del rechazo de las organizaciones de defensa del consumidor y de las cámaras del sector, el 2 de diciembre 55 senadores oficialistas y opositores respaldaron la ley. La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro votó en contra porque consideró que con esta normativa el empresario kirchnerista Werthein se convertirá en el principal cobrador y máximo beneficiario. Werthein es además el máximo responsable del Enard, el ente privado que él mismo creó para reunir el dinero y preside Telecom, dueña de Personal.
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