GOBIERNO Y GREMIOS DEFIENDEN DERECHOS LABORALES DE COSECHEROS.

Funcionarios de organismos provinciales y nacionales y representantes gremiales destacaron los resultados logrados durante los operativos de control de las condiciones laborales y de higiene y seguridad realizados durante la última cosecha. El trabajo se focalizó en establecimientos productivos de nuestra Capital, Chilecito y Aimogasta e incluyó la ejecución de un Plan de coordinación provincial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la Policía Provincial. Los alcances del trabajo realizado fueron evaluados este lunes durante una reunión de trabajo realizada en la Jefatura de la Policía con la presencia del titular de la Fuerza, Luís Angulo, el ministro de Salud, Gustavo Grasselli, la delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, Erika Davil, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Edgardo Celis Mercado, el subsecretario de Trabajo, Nicolás Maza y el jefe de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía Provincial, Fernando Torres. El sector gremial estuvo representado por el titular del Registro de Trabajadores Rurales, Carlos Roque, el delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), Omar Muga y el responsable de la obra Social del sector OSPRERA, Nicolás Narváez. Los funcionarios destacaron que a partir de estos controles se logró regularizar a más del 50 por ciento de los trabajadores que se desempeñaron en las respectivas cosechas, lo cual les permitió acceder a los servicios de una obra social y que se les realizaran aportes previsionales. Celis Mercado señaló que los controles beneficiaron a más de 2.000 trabajadores y añadió que las empresas que incumplieron el régimen laboral vigente fueron debidamente intimadas para que regularicen su situación. Incluso, el subsecretario Maza señaló que los índices de trabajadores regularizados durante este año superan a los niveles alcanzados años atrás cuando sólo se llegaba a regularizar a entre el 20 y el 25 por ciento de los trabajadores. Maza agregó que pese que aún resta levantar un 30 por ciento de la cosecha de aceituna está culminando “una ardua tarea que se realizó en materia de higiene y seguridad y seguramente que el trabajo gremial ha sido de suma importancia”. Maza comentó que los controles realizados a través de la Unidad de Lucha contra la trata de Personas apuntaron a evitar que entre los contingentes de cosecheros que llegaron a la provincia existan “personas sometidas para la explotación sexual o que hayan ingresado de manera irregular”. El funcionario también destacó la coordinación de esfuerzos realizada entre el Ministerio de Salud y la Obra Social OSPRERA en materia del control de la situación sanitaria de los trabajadores y remarcó que esta conjunción de esfuerzos obedeció a la decisión del gobernador Beder Herrera de que las respectivas áreas del Gobierno trabajen “complementariamente”. A su vez, Roque dijo que el trabajo realizado durante este año “fue muy positivo” debido a los “altos porcentajes” de trabajadores registrados durante la presente cosecha. “Hoy el Renatre, en la Provincia de La Rioja, cuenta con más de 16.000 trabajadores inscriptos, lo que habla a las claras de que hay voluntad por parte de los trabajadores y del empresariado de blanquear la situación de los trabajadores”, afirmó. El sindicalista entendió que los resultados obtenidos son el fruto del “trabajo en equipo” y se mostró “orgulloso” por el acompañamiento brindado a su sector por parte del resto de los organismos provinciales y nacionales que trabajaron en forma conjunta durante este año. Por su parte, el ministro Grasselli dijo que el operativo demandó “cinco meses de una labor ardua y bien complementada con los diferentes equipos”. En materia sanitaria, los controles apuntaron a evitar la “diseminación de ciertas enfermedades” como el dengue y las enfermedades de transmisión sexual “que nunca deben dejarse de lado”, afirmó el ministro. Estos controles incluyeron la entrega de medicamentos anticonceptivos y preservativos a los migrantes y también se les brindó información “sobre los riesgos” de estas enfermedades. En el caso de los trabajadores que llegaron con sus hijos se controló que los niños estuvieran vacunados y en los casos necesarios se les brindó la respectiva atención médica. A su vez, Erika Davil calificó a este trabajo coordinado como “un hecho histórico” y destacó “el compromiso y la pasión” aportada por los gremios en el marco de estos operativos de control. La funcionaria agregó que los controles permitieron la detección de ciudadanos extranjeros que no poseían la documentación que los habilita para realizar actividades laborales y la consecuente tramitación “masiva” de permisos precarios para que pudieran regularizar su situación. También agradeció el apoyo brindado por la Unidad de Lucha contra la trata de personas al personal de su organismo durante los operativos realizados en los bares-wiskerías donde se detectó la presencia de ciudadanas extranjeras que estaban en un estado de “total ilegalidad”. En el marco de los operativos de control realizados en las fincas, Davil explicó que son considerados “ilegales” aquellos ciudadanos extranjeros que ingresan al país en calidad de turistas y son encontrados trabajando. Ante estos casos, el ciudadano detectado debe dirigirse a la Dirección de Migraciones donde se le otorga un certificado de residencia precaria que le permite trabajar, estudiar, alojarse y recorrer libremente el país. “Esto se les entrega en forma previa a la radicación que el documento final que emite Migraciones.”, explicó. En tanto, el comisario Torres comentó que en el marco de esta coordinación de tareas se realizaron tareas preventivas en los denominados bares-wiskerías procediendo a la clausura de algunos de estos locales ante el incumplimiento de normativas administrativas vigentes, tales como la falta de la respectiva habilitación municipal y aclaró que ante la detección de la presencia de menores de edad en sus instalaciones también se inició una causa penal en contra de sus responsables. Estas actividades preventivas apuntaron a evitar la presencia de menores de edad o personas retenidas en contra de su voluntad y “que no exista ningún elemento que tenga que ver con la promoción y la facilitación de la prostitución” en estos locales, dijo. El jefe policial aclaró que “estos lugares son habilitados como bar-wiskería y no como prostíbulos y nosotros trabajamos fuertemente para regular este tema”. En los emprendimientos productivos, los controles abarcaron “las condiciones laborales y de habitabilidad” de las personas que se desempeñaron en la cosecha. “Estos elementos para nosotros son fundamentales en cuanto a la trata de personas, porque el trabajador puede estar en muy buenas condiciones, pero lo pueden estar explotando laboralmente o puede estar trabajando las horas que corresponda pero lo tienen hacinados”, concluyó.