UN PROYECTO BUSCA MEJORAR LA DEFENSA DEL ESTADO POR LOS JUICIOS.

La Función Ejecutiva envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados a través del cual se busca mejorar las condiciones de la defensa en los juicios que se presenten contra el Estado. Se trata de un proyecto que apunta a modificar dos cuestiones básicas: el ámbito de competencia de las demandas contra el Estado y las notificaciones que se realicen en todos los casos de actuaciones judiciales en las que estén involucrados los intereses públicos o privados de la Provincia. "La Función Ejecutiva ha considerado oportuno y necesario enviar este proyecto a la Cámara de Diputados para modificar algunos artículos del Código Procesal Civil. Estas modificaciones buscan generar un equilibrio, una igualdad entre las partes con el objetivo de proteger el derecho de defensa de los intereses del Estado", afirmó Luis Brizuela, secretario General y Legal de la Gobernación. El funcionario comentó que el proyecto fue enviado a solicitud de la Fiscalía de Estado, organismo que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado. En lo que respecta al ámbito de competencia, el proyecto establece que en todas las demandas civiles que se presenten contra el Estado dicha competencia será de los tribunales locales de la Capital. Según indicó Brizuela, esta modificación tiende a reducir el gasto en lo que respecta a la designación de abogados para defender al Estado. "Esto apunta a que el Estado pueda defender sus derechos con el cuerpo de abogados que tiene sin generar el gasto mayor que implicaría designar muchísimos abogados para poner en todas las circunscripciones judiciales en donde se radican las demandas. Sería un gasto alarmante para el Estado porque hay cinco circunscripciones judiciales y habría que poner dos o tres abogados en cada una de ellas. Por eso estamos buscando evitar este gasto para estabilizar los ingresos", señaló el funcionario. Además, Brizuela explicó que se busca otorgar la competencia de demandas civiles contra el Estado a la justicia local, en esta capital, "porque ese es el domicilio del Estado". "Acá tiene su principal sede la Administración Pública y se busca así generar igualdad entre las partes", comentó. El otro aspecto importante que se busca modificar está relacionado con la notificación de las acciones de amparo presentadas contra el Estado. El proyecto propone que a partir de ahora dichas notificaciones deberán ser realizadas ante la Fiscalía de Estado y a la vez extender de tres a cinco días hábiles el plazo con el que cuenta la Provincia para contestar las demandas. "Actualmente esto no es así y el proceso lleva varios días hasta que llega la notificación de la demanda ante la Fiscalía de Estado. Se consumen muchos días que le dificultan al Estado poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa de sus intereses", señaló Brizuela. El secretario General y Legal de la Gobernación aseguró que con la actual normativa "la Fiscalía de Estado se encuentra ante una exigüidad de plazos que la coloca en una situación de desigualdad". "No podemos tratar al Estado como a un particular. Hoy en un caso de acción de amparo el Estado tiene que poner en marcha todo un mecanismo burocrático para poder dar respuesta a ese pedido de informes que hace la Justicia y muchas veces los tres días que establece la norma procesal resultan muy exiguos y casi violatorios del derecho de defensa. Pasar de tres a cinco días hábiles es una extensión del plazo muy razonable", consideró. Por último, Brizuela se mostró optimista respecto del tratamiento que la Cámara de Diputados le dará al proyecto y se esperanzó en que las modificaciones sean aprobadas. "Descontamos el acompañamiento de la Legislatura por el tema de que se trata. Además el proyecto está sujeto a cualquier enriquecimiento que quieran introducirle los diputados", concluyó.