PROPONEN QUE LA RIOJA SEA LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN.

En el nuevo sistema La Rioja conserva la facultad de Autoridad de Aplicación y la Nación en el proceso posterior de "evaluación" deberá, en un plazo establecido, aprobar o no la asignación realizada por la Provincia en torno a la promoción industrial. La propuesta fue conversada por el diputado nacional Jorge Yoma con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en primer término y luego con el gobernador Beder Herrera. Ambos estuvieron de acuerdo y en virtud de ese consenso, Yoma se reunió con el secretario General y Legal de la Presidencia, Carlos Zaninni a quien presentó el proyecto. Asimismo, la continuidad de la Promoción Industrial para la provincia de La Rioja no sería resuelta a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Se evalúa para darle mayor solidez desde el punto de vista legal y a fin de que se preserven las cuestiones técnicas, que se instrumente a través del uso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. De este modo, el decreto una vez firmado por la Presidenta de la Nación en uso de las facultades delegadas sólo se comunica al Congreso Nacional. Fuentes consultadas, destacaron que esta vía otorga mayores certezas respecto a los aspectos técnicos que fueron analizados y consensuados entre Nación -Provincia. La continuidad de la promoción se encuadraría en el marco de la emergencia que sería laboral en el ámbito del Parque Industrial riojano. Además el Ejecutivo Nacional no puede dictar decretos de necesidad y urgencia para normar en materia penal, tributaria, electoral o para el régimen de partidos políticos según lo establece la Constitución Nacional. En diálogo con El Independiente, el legislador nacional opinó que esta propuesta realizada permite avanzar hacia el decreto final que firmará la Jefa de Estado. Yoma explicó que la alternativa que logró el visto bueno es que la provincia de La Rioja conserve su facultad de Autoridad de Aplicación y de otorgar el beneficio frente al proyecto presentado, decidiendo en función del conocimiento, oportunidad del emprendimiento y necesidades de la Provincia en materia del perfil productivo y de desarrollo. A su vez, se le confiere a la Nación la posibilidad de vetar el otorgamiento de beneficios realizado por la Provincia. Esta objeción o aceptación por parte del Gobierno Nacional se deberá enmarcar en un plazo determinado para la "evaluación de proyectos" que sería entre 10 a 15 días. De este modo, la Autoridad de Aplicación la conserva la Provincia y se introduce la modificación en el proceso posterior a la asignación del beneficio que según fuentes oficiales "no es otra cosa más que formalizar en los hechos algo que ya se daba a través del poder de contralor que ejerce la Nación a través de AFIP". El diputado nacional detalló que "una vez que la Provincia pone en conocimiento de la Nación el proyecto al que se le asignó beneficios, tendrán un plazo para emitir su opinión; si presentan objeciones vuelve a la Provincia para ser subsanadas o corregidas y si transcurrido el plazo, la Nación no objeta u observa se confirma el beneficio otorgado mediante la autoridad de Aplicación. Yoma consideró que superado ese impedimento de la discusión por la autoridad de aplicación que tenía demorado el trámite, en virtud de que la Nación proponía compartir dicha facultad; en pocos días estará listo el decreto para que la Presidenta lo firme. El legislador se mostró confiado en que "ahora ya es una cuestión de tiempos, porque la Presidenta estuvo de acuerdo, lo hablamos con el Gobernador y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia ya está trabajando en el tema". En ese marco, Yoma destacó que se respete la Autoridad de Aplicación que siempre ejerció el Gobierno riojano pero dándole un plazo a la Nación para que apruebe los beneficios otorgados por La Rioja.