El anuncio de los nuevos funcionarios municipales que acompañarán la gestión del electo intendente Lázaro Fonzalida, levantó fuertes críticas, sobre todo Tomás Márquez, que fuera secretario de Hacienda de la última dictadura militar. Márquez, elegido por Fonzalida para ser su secretario de Servicios Públicos es acusado de haber propiciado cesantías de trabajadores municipales peronistas por razones ideológicas.
Los primeros en reaccionar fueron los gremialistas de ATE - CTA quienes pegaron afiches en su contra haciendo mención a su actuación durante la dictadura, y también los organismos de Derechos Humanos que tienen sede en Chilecito, quienes adelantaron acciones en contra de esta designación, y que harán conocer la misma a todas las organizaciones a nivel nacional. Los representantes de estas entidades adelantaron a que tomarán acciones en repudio de esta actitud de nombrar en un cargo a una persona que estuvo relacionada con el proceso militar.
Más precisiones las brindó el sindicalista Normando Ocampo, quien señaló a este medio que “esta persona fue secretario de gabinete del gobierno de facto del Proceso de Reorganización Nacional; de manera tal que es demasiado grave como para hacer que este sea un hecho casual”.
Recordó que Márquez cesanteó de la planta permanente del municipio al 30 por ciento de los trabajadores, y esto fue el 30 de abril de 1980, “dos días antes del Día del Trabajador, cuando los compañeros tenían organizado un festejo el club Atlético Chilecito, fue una noticia que golpeó duro, y obviamente suspendieron la fiesta”.
Pero lo más grave, según lo relatado por Ocampo, fue que “dejaron casi toda la planta de personal obrero fuera del municipio y se les dijo que era por una cuestión ideológica porque eran peronistas, decisión que por otra parte era coherente con la política represiva del proceso a nivel nacional”.
Agregó que “para peor cuando en el 83 vuelve la democracia, es el intendente Lázaro Fonzalida (jefe comunal electo), quien vuelve a poner en funciones a este personal que fue sacado por el entonces intendente de facto Jorge Alcalde y su secretario Tomás Márquez”.
“Pero no sólo eso, la reivindicación de los trabajadores se hizo con un decreto que condena severamente los despidos de los compañeros, menciona la reivindicación que significa, y ahora resulta que el mismo intendente que había condenado esa actitud trae a su gabinete a un funcionario de la historia más negra de la Argentina”.
Ocampo sostuvo que “nos preguntamos si es un gabinete de la democracia o de la dictadura o tal vez mixto, pero vemos que no es de la democracia pura”. El sindicalista fue más allá en sus apreciaciones, señalando que “esto es muy curioso, que un gobernante electo por el pueblo nos haga retroceder a los años negros, es incompresible que en lugar de ir a profundizar la democracia nos vuelvan a traer funcionarios del proceso”. .
Recordó que en el artículo 14 de la Constitución Provincial que habla de las inhabilitaciones, dice que “quienes ejercieran funciones de responsabilidad política en los gobiernos de facto o pertenezcan a la dirigencia de las organizaciones referidas del artículo anterior quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos”.
Si bien esto es del año 98; Ocampo trajo a colación las palabras de Ricardo Mercado Luna, constitucionalista de alto rango de la Provincia, para quien “no es sólo cuestión de lo que dice una norma, sino que hay una cuestión de que si en una constitución dice que algo esta prohibido hacia delante, está prohibido también hacia atrás, esto cuando se trata de un tema ético”. En tal sentido Ocampo remató afirmando que “que este señor (por Tomás Márquez) si tiene un poquito de respeto por su familia, que no haga que hasta su propia familia caiga en la vergüenza porque la ola de repudios va a ser grande; que no asuma”.
Sobre las medidas a tomar en tal sentido, dijo que “vamos a ir al acto de asunción del mando de Fonzalida y su gabinete, y vamos a hacerle conocer a todos, a través de todos los medios disponibles quién es este señor Márquez, y por qué un gobernante de facto no puede ser gobernante en la democracia.
“Como sabemos que el Gobierno nacional ha marcado toda una política de derechos humanos vamos a mandar un memorando firmado por todas las personas que quieran firmar el día del acto protocolar, para enviarlo a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos y a todas las organizaciones de derechos humanos para que se sepa que en lugar de asumir un intendente en el año 2007 para que la democracia vaya para arriba, nos hizo retroceder a un gobierno de facto con la designación de un personaje nefasto.
“Para que la historia no se repita, por la defensa irrestricta de los derechos humanos, los municipales chileciteños resistiremos cualquier designación de funcionarios de la dictadura, además teniendo en cuenta que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos”, culminó Ocampo.
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