El gobierno provincial, a través de un informe presentado este martes por el Ministerio de Hacienda, desvirtuó las denuncias efectuadas por el gremio de los judiciales, sobre un aumento masivo en los sueldos de la Función Ejecutiva, al sostener que el decreto nº 543, del 28 de febrero, solo establece un reordenamiento de las distintas jerarquías a partir del achicamiento de la planta política. Para el área de Hacienda se interpretó erróneamente el concepto que hace mención a la Función Política y se reiteró que no existe un aumento salarial. De acuerdo al informe, lo que se hizo con ese decreto es simplemente un reordenamiento de las distintas jerarquías que hay en el Estado. "Son las mismas cifras que vienen desde hace muchos años atrás, por lo que no hay ningún tipo de aumento".
Para la cartera de Hacienda, la información manejada en los medios, presentada por la denuncia de los trabajadores judiciales, puede obedecer a un error conceptual con el porcentual al que el decreto alude. "Este se refiere al concepto función política y si se hubiere leído adecuadamente el artículo de la ley a la cual se hace mención, allí se determina que se refiere a la función política, que es el 30% del básico y al hablar del 100% de ese artículo quiere decir que ese cargo cobra el 100% de la función política, es decir, el 30% de ese básico", explica el informe.
También se manifestó que se va a notar que "hay casos en lo que dice 50% de función política, lo que significa la mitad del 30% del total de la función política, esto es el 15%. Hay casos en los que dice 0% función política, por lo que ese cargo directamente no tiene función política".
Desde Hacienda se destacó que "la función política es un concepto que está expresado en su mismo término y a su vez permite generar una escala salarial razonable".
En ese sentido se puntualizó que el decreto mencionado obedece "al proceso de reordenamiento y achicamiento de la planta política del gobierno provincial, lo que se plasma en este decreto, con denominaciones clásicas, que conforman una pirámide jerárquica, con su correlato salarial" y agrega que "había numerosos cargos que hacían a una superestructura política, a la que se disminuyó para acotarla a las necesidades de un Estado como el nuestro".
Por último se reitera que el decreto maneja "los mismos valores que vienen desde hace años, no hay ningún incremento salarial y la confusión con ese porcentaje es conceptual" y remarca que "seguramente no hubo una lectura adecuada de la ley pertinente respecto a la función política, lo que motivó el error conceptual".
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