martes, 3 de julio de 2007

LA JUSTICIA RIOJANA INTIMO A LA INTENDENTA CAMILA HERRERA

La Justicia de La Rioja, a través de la Cámara 4ta., Sala B, procedió este martes a intimar con la reserva del embargo de bienes personales a la intendenta del departamento Independencia, Camilia Herrera, cuya cabecera es la localidad de Patquía, ubicada a 70 kilómetros al Sur de la ciudad de La Rioja, como así también otros tres funcionarios municipales para que rindan $2.200.000 correspondientes a fondos públicos. La oficial de justicia, Lidia Llanos, notificó en los domicilios particulares a la intendenta y también a los funcionarios municipales Celso Fuentes, Teodolindo Bustamante y Ángel Ruarte para que en un plazo no mayor a los cinco días hagan la oposición legal al pedido de rendición de recursos del Estado enviados desde la Provincia al municipio departamental. De esa forma, se inició el proceso de ejecución fiscal contra los funcionarios como responsables directos del manejo de dineros públicos, tras un fallo de la justicia por una presentación impulsada por el Tribunal de Cuentas de la provincia. La oficial de justicia acompañada por la apoderada del organismo de contralor, Diana Quiróz, llegó en la mañana de este martes a la localidad de Patquía para cumplimentar el requerimiento judicial, luego de un fallo condenatorio por la falta de rendición de $1.800.000 de fondos públicos. Pero la justicia estableció otros $440.000 de interés, lo que llevó a $2.200.000. Fuentes judiciales confirmaron, que el paso legal se cumplimentó sin mayores inconvenientes, salvo que Bustamante no quiso notificarse porque se dió a la fuga de su domicilio particular. En el fallo, la justicia se reserva el derecho al embargo de bienes personales de los funcionarios municipales y la Cámara 4ta., Sala B, establece cinco días para rendir esos recursos. Con el tiempo que pasó desde el juicio administrativo que abrió el Tribunal de Cuentas de la provincia y derivó en la justicia, los funcionarios no pudieron presentar los comprobantes respectivos. Por eso, se haría imposible que eso suceda antes de la semana entrante, y luego llegará el remate de bienes y hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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