martes, 11 de marzo de 2008

SE AGUDIZA LA POLEMICA ENTRE EL GREMIO DE JUDICIALES Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ángel Ávila, defendió este martes el aumento salarial otorgado para jueces y secretarios y afirmó que “no se siente” el paro de la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ), que reclaman un incremento de haberes dispuesto en el presupuesto. Del otro lado, el titular de la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ), Horacio Juárez, afirmó que la medida es acatada "por el 80 por ciento de los empleados" del sector. Reclaman un aumento salarial que no se otorgó pese a que estaba presupuestado desde el año pasado con un fondo reservado de 15 millones de pesos. Al defender el incremento aplicado a los jueces y no a los empleados, el juez Ávila explicó que “se hizo una equiparación con algunos ítems que viene cobrando los trabajadores desde el 2006”, tras conocerse el acuerdo del TSJ, del 14 de febrero, donde el presidente del Tribunal, y los jueces subrogantes Pagotto y Abatte de Mazzuchelli, acordaron extender -que lo percibían los empleados- una suma en negro de $ 400, los $ 250 de la "quincenita" y un aumento al básico de $ 115, para jueces y secretarios. Cabe recordar que los empleados escalafonados venían cobrando estos adicionales desde 2006, por arreglos con el ex gobernador Ángel Maza, salvo la quincenita, que es del 2007. Ávila afirmó que “respetamos el derecho a huelga” de los trabajadores, agrupados en la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) y remarcó que “no obligamos a nadie a trabajar, pero también queremos que se respete el derecho de la gente que quiere trabajar”.En ese marco, dijo que “el paro no se siente” en el ámbito judicial y consideró que “no hay mayor acatamiento que en otras oportunidades”. Las medidas de fuerza se extenderán hasta el lunes 17 y se inició el viernes pasado, que incluye movilización por las calles del centro.En enero, fallo de un tribunal ad-hoc condenó al Gobierno a pagar el aumento, según el presupuesto de 2007. Pero la Casa de Gobierno lo desconoció y amenazó con "día que no se trabaje, día que no se cobra". Y esta semana, el gobernador Luis Beder Herrera negó toda posibilidad de diálogo con el sindicato al precisar que el conflicto debe ser afrontado por la Función Judicial y no por el Ejecutivo.

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