EMBESTIDA JUDICIAL SOBRE EX DIRECTIVOS DE LA DESAPARECIDA AGUAS DE LA RIOJA.

La Fiscalía general elevó al Juzgado correspondiente, los antecedentes de la causa de defraudación en perjuicio de la administración pública provincial en contra de los responsables de la empresa Aguas de La Rioja SA. Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Instrucción N° 2, la investigación de los hechos denunciados por el Fiscal de Estado en el accionar de la empresa mientras duró la concesión y la responsabilidad de los principales directivos de la firma. Cabe recordar que la denuncia fue iniciada por el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna para que se determine la responsabilidad como supuestos autores, coautores y partícipes por el delito de fraude en contra del Estado Provincial por diversos hechos y maniobras que perjudicaron a la administración del Estado y que se desarrollaron desde la empresa Aguas de La Rioja SA durante la concesión del servicio público de agua potable y desagües cloacales y de las demás sociedades que tuvieron alguna vinculación con la concesionaria. En la denuncia se recuerda que la empresa prestataria había solicitado, a lo largo de la concesión, la asistencia financiera de parte del Estado, bajo el argumento de que atravesaba dificultades financieras que le generaban inconvenientes operativos para solventar la regular prestación de los servicios concesionados. En el 2007 se declaró en estado de emergencia administrativa y financiera las participaciones accionarias, los servicios públicos y los contratos celebrados. Posteriormente, ante las reiteradas solicitudes de requerimiento financiero para mantener la calidad del servicio, el Ejecutivo condicionó la asistencia financiera a la creación en la estructura de Aguas de La Rioja de una dependencia con funciones de fiscalización e instruyó al EUCOP, junto a la UCI, la Secretaría del Agua y el Ministerio de Hacienda a realizar una auditoría general de los tres últimos ejercicios. La auditoría reveló que la empresa dispuso de recursos para fines que no son precisamente para mantener la calidad del servicio, contradiciendo las motivaciones de los pedidos de ayudas extraordinarias y que resintieron seriamente la prestación del servicio que en muchos casos debieron subsanarse con la intervención del Estado a través de la Secretaría del Agua y el aporte de más recursos. Conforme al trascendido, en la denuncia se indica que de las actividades desplegadas por Aguas de La Rioja SA habría surgido claramente que en casi la totalidad, se favoreció a empresas o personas que tenían vinculación con la concesionaria o a firmas extra-societarias que nada tenían que ver con la función de la concesión. En el mismo sentido, se conoció que el informe emanado de la Unidad de Control Interno adjudicó responsabilidades a la empresa Aguas de La Rioja SA en el marco de la Audiencia Pública que luego resultaron determinantes para la elevación de la denuncia. Fuentes judiciales señalaron que la extensa denuncia hace referencia a los diversos contratos que la concesionaria firmó con otras empresas -sorpresivamente representadas por miembros de su Directorio— para la realización de tareas de control de gestión y asistencia técnica por sumas considerables de dinero (serían de 300 mil mensuales), cuando al momento de la concesión contaban ya con una empresa especializada que actuaría como operador técnico del servicio. Lo mismo ocurriría con otra empresa contratada para tareas de mantenimiento. En el mismo sentido, se haría referencia a la obra del acueducto Ramal Norte Tramo I, cuya adjudicataria, a raíz de dificultades para conseguir financiamiento ordinario, firma un convenio con Aguas de La Rioja SA para que la asista financieramente por un monto millonario. Esto, según se desprendería de la denuncia, no sólo significa el desvío de su objetivo social, sino que se consideró incomprensible que por un lado le reclamen al Gobierno fondos para prestar un adecuado servicio y, que por otro, actúe como financiera de una empresa sin recursos. Se desprendería que Aguas de La Rioja SA era fuente de financiamiento a terceros y de desfinanciamiento para sí misma, mientras tanto, solicitaba ayuda extraordinaria al Gobierno provincial. Las supuestas maniobras de defraudación con el consecuente vaciamiento de la empresa habrían incidido directamente en la afectación del patrimonio del Estado provincial y se habría configurado el tipo delictivo de defraudación a la Administración Pública. Según las fuentes, durante la gestión de la concesionaria, se habría consumado hechos supuestamente ilícitos y se considera que los denunciados Jorge Luis Chamás, María Lorena Avellaneda y Jorge Omar de la Fuente, entre otros, en condición de directivos de la firma, habrían incurrido en lo que se denomina “maniobras de administración infiel, actuando dolosamente en beneficio propio y de terceros con dinero que estaban facultados a manejar por las funciones que se les había confiado y que resultaron perjudiciales al patrimonio del Estado con una clara afectación del servicio público esencial que estaban obligados a prestar”.