El titular del Consejo Profesional de Abogados, Fernando Vietto, volvió a advertir que el gobierno provincial deberá integrar a la mayor brevedad la composición que la Constitución fija para el Tribunal Superior de Justicia, caso contrario el gobernador Luis Beder Herrera podría ser pasible de un pedido de juicio político y una denuncia penal en su contra por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Vietto dijo que las autoridades del Consejo que encabeza se entrevistaron con el gobernador días pasados y, en ese encuentro, "nos admitió que debe integrar aún el Tribunal Superior, pero que le cuesta definir a quienes nominará para esa función”. Actualmente el TSJ está compuesto por solo dos jueces –Ángel Ávila y José Nelson Luna Corzo- porque su integración original era de tres y en 2006 había renunciado Francisco Martínez y su vacante nunca fue cubierta. Pero la reforma constitucional dispone que el máximo órgano judicial debe estar compuesto por cinco miembros, razón por la cual el Poder Ejecutivo debería elegir a tres candidatos y nominarlos para ponerlos a consideración de la Legislatura. Según Vietto, al gobernador le preocupa que la futura integración del TSJ "no esté en sintonía con la política que está desarrollando y le tiene miedo a los juicios contra el Estado, lo cual puede ser una preocupación lógica pero no debería ser impedimento para que cumpla con su obligación pendiente desde hace tres años”. El letrado entendió que, de todas formas, la reunión con el primer mandatario fue "positiva" y, aunque no dio fechas ni puso plazos, “estamos esperando que actúe y nos ofrecimos a colaborar porque la provincia no puede continuar en esta situación que ya es de alerta roja”. En ese contexto, Vietto advirtió que si Beder Herrera no cumple con el compromiso en un plazo perentorio "es pasible de pedir un juicio político en su contra y de ser denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para Vietto, el proceso de reforma judicial no ha modificado aún la problemática de la justicia. "Al sistema lo van destruyendo por una cuestión presupuestaria, mientras el delito se ha cuadruplicado" en los últimos años, precisó, al tiempo de cuestionar las figuras de jueces transitorios designados por el gobierno de modo provisorio por plazos de seis meses sin garantizarle independencia ni la inamovilidad de su cargo como lo reza la Constitución. "Los abogados no podemos ser cómplices de este atropello institucional y mientras cedemos espacio, la República va a desaparecer", concluyó el titular del Consejo de Abogados.
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