INGRESO EL PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL JUEZ CHAMIA.

Ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones, en contra del juez de la Cámara 3ra., Jorge Gamal Chamía. El requerimiento fue formulado por el ciudadano Armando Rodolfo Philipp, quien pide la destitución del magistrado mediante un escrito en el que señala graves falencias en el desempeño del juez Chamía y recuerda a los legisladores que actúen en procura de mejorar la calidad institucional de la provincia. El juez Chamía fue quien dictó la revocatoria del proceso iniciado por la causa de la toma de la Legislatura provincial el 14 de diciembre del año pasado, desprocesando a los involucrados entre los que se cuentan ex funcionarios del gobierno de Angel Maza, como el propio hermano del ex mandatario Jorge Maza y Natalia Albarez Gómez. Philipp plantea la destitución lisa y llana de Chamía, y puntualiza entre los argumentos la consanguinidad de éste con el ex secretario de Gobierno de la anterior gestión, Oscar Chamía, por lo que considera que debía haberse inhibido de actuar. En los fundamentos, dice que el magistrado, en un decisorio unipersonal y de acuerdo con publicaciones que son notorias y de dominio público y también oficiales, anuló el procesamiento y prisión preventiva dictado en contra de seis personas que participaron de la toma de la Legislatura el 14 de diciembre del año 2006. Por el mismo resolutorio, ordena al juez de Instrucción que inició la causa, Miguel Angel Morales, a que “dicte de inmediato un nuevo auto que se enmarque en las previsiones legales” correspondientes, aunque no dice tampoco cual sería el marco legal del sonado caso. En otro párrafo explica que “de este modo el juez Chamía revé el auto incriminatorio contra quienes también en forma notoria y pública, coparon el recinto legislativo, robaron, destrozaron e hicieron huir a empleados, funcionarios y diputados, como dejaré probado”. Indica que “que tal nulidad, dictada por el magistrado Chamía vulnera la inteligencia de los ciudadanos, insulta el buen sentido, la sana crítica, los cimientos de la democracia, y al sistema democrático mismo, al intentar rever lo que a luces vista provocaron los dirigentes nombrados y los que no están nombrados, quienes –como jefes de una turbamulta facciosa- irrumpieron en el recinto legislativo, destrozándolo, robando, incendiando y amenazando a trabajadores, empleados, funcionarios y legisladores, como probaré mediante pruebas documentales y testimoniales”.También explica que “harto elocuentes son las imágenes, fotografías y las decenas de testigos que han visto de qué modo el bandolerismo se adueñó el 14 de diciembre de los recintos legislativos, exposiciones que pueden encontrarse en cualquier archivo, de cualquier medio de comunicación escrito, radial, televisivo o portal digital, que conmemoran esa fecha fatídica para la democracia”. Luego señala que “más allá de los fundamentos jurídicos que esgrima el juez Gamal Abdel Chamía para anular lo dictaminado en primera instancia por el juez Miguel Angel Morales, Chamía debía apartarse de cualquier causa relacionada con la toma de la Legislatura o la toma de la Casa de Gobierno, por la ética que debe primar en los actos públicos de los funcionarios cualquiera sea el Poder donde desarrollen sus funciones, más, si tenemos en cuenta que Chamía es hermano de un ex funcionario de primer rango del ex gobernador Angel Eduardo Maza, que también irrumpió en el Palacio legislativo, como es de público y notorio conocimiento, materia que el juez de ningún modo debe de ignorar”.Que “recisamente esa afinidad consanguínea con un alto funcionario del ex mandatario Angel Eduardo Maza, de nombre Oscar Chamía, no pasa desapercibida a los ciudadanos que ven atónitos cómo una vez más la Justicia se atrinchera para otorgar impunidad a quienes avasallaron, denigraron y humillaron a las instituciones de la provincia y por ende de la República”.