PARA EL DIPUTADO AMERICO BARRIOS EL BANCO RIOJA ES UN "KIOSCO".

El diputado provincial Américo Barrios criticó los intereses que el Nueva Banco de La Rioja percibe por el otorgamiento de créditos y los servicios que brinda al Estado Provincial. Fue un día después de que la Legislatura Provincial declarara la emergencia de los servicios públicos posibilitando la renegociación de los contratos firmados por el Gobierno Provincial con las empresas prestatarias. El legislador calificó como "abismales" los intereses que cobra a los clientes que acceden a un crédito y la falta de inversiones en la Provincia, pese a brindar importantes servicios al Estado Provincial. Acusó a la entidad de “recaudar a costilla del Estado” Provincial y consideró que "es un mero kioscho" y el legislador dijo: “Ellos recaudan pero no vi que pusieran un peso en La Rioja”.Este jueves, el Gobierno Provincial ratificó su política de avanzar en un profundo replanteo ante las empresas que tienen concesionados servicios públicos. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley enviado por la Función Ejecutiva que declara la emergencia contractual. La norma que contempla el proceso de renegociación en 10 artículos tiene algunos cambios respecto del texto original enviado desde la Casa de Gobierno. La ley en su texto establece "el estado de emergencia de los contratos celebrados por el Estado provincial y entes públicos en ejercicio de la función administrativa vinculados con la relación de proyectos y/o ejecución de obras públicas, prestación de servicio públicos de agua energía, servicio bancarios y otras concesiones". La norma mencionada alcanza a las empresas privatizadas prestadoras de servicios públicos Aguas de La Rioja, Edelar S.A. y el Nuevo Banco de La Rioja. Y queda abierta la posibilidad para Yamiri S.A. y los casinos. La Cámara autorizó a la Función Ejecutiva a renegociar y/o rescindir los contratos previa aprobación de la Función Legislativa. En el caso de los servicios públicos el estado deberá tener en cuenta: el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión previstos en el contrato; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos, las pérdidas, costos y beneficios para las arcas públicas del Estado y la rentabilidad de las empresas. "El estado de emergencia es por 180 días corridos a partir de la fecha de publicación, prorrogable por igual período ad referéndum de la Cámara de Diputados", dice la ley en su artículo 3º. La norma, que es de orden público, estipula en su artículo 5º la defensa de los derechos de los usuarios de "acciones de naturaleza monopólica u oligopólica". Y las disposiciones previstas no autorizan "a las empresas contratistas o prestadoras de servicios a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas". El primer paso que dio el Gobierno fue el llamado a las empresas para comenzar con las negociaciones. Respondió la distribuidora de energía que dejó de cobrar el cargo fijo a los productores y presentó un plan de inversiones. Aguas de La Rioja, en cambio, tiene sobre sus espaldas una auditoría del estado que apunta, entre otras, busca conocer la rentabilidad de la empresa. El Gobernador también puso en duda la continuidad del contrato de exclusividad que el estado mantiene con el Nuevo Banco de La Rioja.