EN DIPUTADOS SE TRATO SOBRE LA CONCESION DEL ESTADO A EMPRESAS PRIVATIZADAS Y EL VOTO DE EXTRANJEROS.

La Legislatura aprobó este jueves una iniciativa de los diputados capitalinos Jorge Machicote y Alberto Paredes Urquiza en la que se permite el voto de ciudadanos extranjeros radicados en La Rioja. En la sesión presidida por Sergio Casas además se aprobó una ley que avanza sobre las concesiones mineras que favorecieron a la ex empresa estatal Yamiri en el cordón montañoso del Famatina. Tras el estudio en comisión, se avaló la iniciativa del gobernador electo Luis Beder Herrera, con el fin de modificar y/o rescindir los contratos con las empresas privatizadas y también se apoyó una iniciativa del diputado Jorge Basso, para que también alcance a "otras concesiones" como los casinos. Según el secretario legislativo Raúl Romero ,el próximo sábado 24 de noviembre se llevara a cabo el acto de renovación de miembros de la Función Legislativa. Se procederá a tomar juramento los diputados provinciales electos y los reelectos en las elecciones pasadas: Juan Vergara (Capital), Luis Orquera (General Lamadrid) , Pedro Ferrari (General Ocampo), Julio Pedroza (Chilecito), José Luís González (Ángel Vicente Peñaloza), Guido Acosta (General San Martín), Ricardo Farias (General Belgrano), Camila Herrera (Independencia), y Sergio Casas (San Blas de los Sauces). En tanto, Teresita Luna, actual vicegobernadora electa, renunciará en la sesión del 6 diciembre, cuatro días antes de asumir junto a Luis Beder Herrera la titularidad del Ejecutivo. También lo hará Gustavo Minuzzi, quien ocupará la Intendencia de Arauco. Los reemplazarán en el recinto legislativo Jorge Menem y Joaquín Nieto respectivamente. Específicamente sobre la ley que declara en estado de emergencia pública es para “la prestación de los servicios públicos y la ejecución de los contratos a cargo del sector público, empresas y sociedades del Estado, Sociedades de Economía Mixta y todo otro ente (…) que estuviere legitimado para ejecutar servicios públicos en la Provincia”. La normativa que lleva la firma del gobernador electo, Luis Beder Herrera, establece además que durante la vigencia del mismo (que será de 180 días) la Función Ejecutiva está facultada para renegociar y/o rescindir la totalidad de los contratos públicos celebrados por el Estado provincial. La norma contempla cuatro títulos y nueve artículos que estipulan la emergencia contractual, su vigencia, autorización de renegociación y la protección de usuarios y consumidores.En el primer artículo declara "en estado de emergencia la presentación de los servicios públicos y la ejecución de los contratos a cargo del sector público, empresas y sociedades del Estado, sociedades mixtas y entes que formen parte del Estado y que estuviere legitimado activamente para celebrar y/o ejecutar servicios y/o contratos públicos en el ámbito provincial". El estado de emergencia tendrá un vigencia de 180 días corridos a partir de la fecha de publicación y la Función Ejecutiva podrá prorrogarlo ad referéndum de la Cámara de Diputados hasta los 180 días a partir de su vencimiento. La Ley de Emergencia deja sin efecto las cláusulas de ajuste dólar o en divisas extranjeras y cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Por ello "los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidas en pesos, en concordancia con la legislación nacional. Para la revisión y posterior renegociación de los contratos de prestación de servicio públicos, el Estado tendrá en cuenta: el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y planes de inversión previstos en el contrato, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos, las pérdidas, costos y beneficios para las arcas del Estado provincial y la rentabilidad de las empresas. La Función Ejecutiva podrá regular transitoriamente los precios, insumos, bienes y servicios críticos para proteger los derechos de los usuarios "de la eventual distorsión de los mercados o de acciones monopólicas u oligopólicas.