"El Estado está dispuesto a desalojar todas las usurpaciones que se encuentran en la zona de expansión urbana y que comprende el predio de las tres mil hectáreas", afirmó el titular de la Administración de Tierras, Ariel Puy Soria al advertir que la provincia se vería impedida de continuar con la ejecución de lotes con servicios y con programas de viviendas si persisten esas irregularidades.
De acuerdo a los informes y estudios catastrales, la Administración de Tierras observó algunas irregularidades pasibles de ser caratuladas de usurpaciones, en la zona de expansión urbana y que se encuentran dentro de los límites de las tres mil hectáreas.
"Ello –acotó el funcionario- impediría que continúen con las tareas de desmontes y con las posibilidades de inversión en servicios", por lo que aseguró que "el Estado, a través de Fiscalía fortalecerá las acciones para resolver las cuestiones de carácter legal".
Puy Soria comentó que "existen algunos alambrados y algunas usurpaciones que se están produciendo en esta zona", por lo que se hace necesario la urgente participación y acción de las diferentes áreas del Estado "para erradicar esas usurpaciones".
En tal sentido, señaló el funcionario que están trabajando de manera coordinada con su par de Bienes Fiscales y que mantienen reuniones con autoridades de Vivienda, además de un permanente contacto con el fiscal de Estado. A la Fiscalía –explicó- se elevarán todos los planos que estén aprobados en Catastro y que tengan que ver con el inicio de los tramites de información posesoria, entendiendo que "si hay un título perfecto a nombre del Estado, todas aquellas acciones que tiendan a perfeccionar un dominio carecen del sustento jurídico en el sentido de que son considerados usurpadores de los bienes del Estado".
El Estado no podrá continuar construyendo unidades habitacionales, lotes con servicios y ampliando la zona de expansión urbana, "si se mantienen en el tiempo estas situaciones irregulares, porque se entiende que son usurpaciones y que hace falta la acción de los poderes públicos, fundamentalmente de la justicia, porque tienen que ser desalojados", indicó el titular de Tierras.
Reiteró que "tienen que ser desalojados porque el Estado, como defensor del patrimonio de los riojanos, no puede permitir que haya un grupo minoritario con intensión de querer consolidar una situación anormal y que atenta contra los intereses colectivos".
Agregó que "esta situación no debe ni puede ocurrir, por eso es necesario que se eleven todos los antecedentes al fiscal para que en defensa de los intereses de los riojanos se puedan hacer las denuncias correspondientes en los tribunales".
El funcionario acotó que el Poder Judicial tendrá un rol importante "porque se pondrá blanco sobre negro y en definitiva con acciones de firmeza, levantar esas pretensiones que aspiran algunos sectores", entendiendo que de alguna manera se interponen en la acción decidida del Estado para desarrollar la expansión urbana a través de la construcción de viviendas y lotes con servicios.
Consultado por la situación de las instituciones que recibieron una fracción de tierra en la zona, el administrador aclaró que existen dos situaciones diferentes y claramente definidas, por un lado las instituciones que oportunamente la Cámara de Diputados les adjudicó una propiedad en la zona con la finalidad social y a la fecha han perfeccionado el título, "con esas entidades no existe ni tiene ningún problema".
Luego están aquellas instituciones que han sido adjudicadas con un predio y que no cumplieron con el cargo, "éstas naturalmente se caen y se deroga la adjudicación", aseguró Puy Soria y agregó que en esos predios el Estado avanzará decididamente en la expansión urbana, "son tierras donde el Estado tiene la posibilidad de construir y ejecutar los diferentes programas habitacionales", apuntó.
"El Gobierno está decidido a no aceptar ninguna clase de usurpaciones, fundamentalmente en una zona donde se están implementando programas urbanísticos, soluciones para miles de familias riojanas", aseguró Puy Soria y ratificó que "esto es una política de Estado".
En cuanto a la ejecución de lotes con servicios, explicó que se está trabajando a un ritmo acelerado, al igual que las visitas sociales por parte de los asistentes que corroboran en cada familia la situación habitacional en las cuales se encuentran.
Al respecto el Administrador de Tierras, manifestó que "la voluntad del Gobierno provincial es continuar con las obras de infraestructura de servicios básicos y la construcción de mil lotes para ser adjudicados a familias y matrimonios jóvenes".
Estimó que para el mes de diciembre "podrá estar construida una cantidad importante de lotes que serán adjudicados a aquellos postulantes que han sido inscriptos oportunamente". Comentó que el Gobierno, puntualmente el gobernador Beder Herrera, ha firmado un importante convenio con entidades crediticias, quienes van a financiar la construcción de las unidades habitacionales de aquellas familias que garanticen, no sólo a través de la escritura que entregarán, sino también con sus ingresos mínimos exigidos por el Banco para poder ser beneficiarios de un crédito hipotecario. "Es una tarea mixta que esta llevando adelante el Gobierno", dijo Puy Soria y explicó que de los mil lotes, quinientos serán destinados a familias que no puedan justificar ingresos por lo que el Estado los ayudará y los restantes para quienes puedan garantizar y justificar con sus ingresos el pago de la cuota por el crédito hipotecario.
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